El ex jugador de básquet de San Lorenzo Ramón Clemente inició un expediente contra el Club que tiene un piso de ejecución firme de $232.239.825,99, mientras que la impugnación presentada por la parte actora eleva el reclamo a $766.459.966,24. La diferencia entre ambos valores refleja la magnitud que puede alcanzar la contingencia para la institución a partir de la evolución del proceso judicial y de los sucesivos incumplimientos ocurridos durante distintas gestiones.
Clemente llegó a San Lorenzo en enero de 2019, durante la presidencia de Matías Lammens y la vicepresidencia de Marcelo Tinelli, permaneciendo en el Club hasta octubre de ese mismo año. Al momento de su salida se alcanzó un acuerdo de desvinculación por un monto considerablemente inferior a las cifras que hoy se discuten judicialmente. Sin embargo, ese compromiso no fue cumplido.
Ante el incumplimiento, el jugador inició en 2021 una demanda contra San Lorenzo. El proceso avanzó y Clemente obtuvo sentencias favorables tanto en primera como en segunda instancia. Posteriormente, el Club volvió a alcanzar un acuerdo de pago con el ex jugador, con el objetivo de regularizar la situación y poner fin al conflicto.
Ese nuevo acuerdo tampoco fue cumplido.
La sucesión de incumplimientos a lo largo de diferentes administraciones derivó en el escenario que San Lorenzo enfrenta actualmente: un expediente ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, con un piso de ejecución firme de $232.239.825,99 y un reclamo de la parte actora que asciende a $766.459.966,24.
El caso constituye así uno de los ejemplos de compromisos asumidos y posteriormente incumplidos durante distintas etapas institucionales, que con el paso del tiempo fueron incrementando sustancialmente su impacto económico para el Club.
En varios de estos juicios, los instrumentos contractuales aparecen suscriptos por Marcelo Tinelli y el vocal de comisión directiva Fabián Scoltore; en otros, únicamente por Scoltore; y también existen contratos con la firma de Scoltore y el manager del equipo Pablo D’Angelo.
Durante las etapas en las que San Lorenzo se encontraba en condiciones de ejercer su defensa y cuestionar la validez de determinados instrumentos, el Club no lo hizo. En algunos casos podrían haberse planteado oportunamente nulidades contractuales o ejercido herramientas procesales destinadas a discutir su validez. Sin embargo, quienes tenían a su cargo la representación y defensa de los intereses de la institución durante esos períodos no impulsaron esas acciones y permitieron que los procesos judiciales continuaran su curso.
Como consecuencia, la actual conducción debe afrontar expedientes que, con el paso de los años, adquirieron una dimensión económica muy superior a la de las obligaciones originales, producto de incumplimientos, intereses, costas, honorarios y otros conceptos derivados de la evolución de los procesos judiciales.
El expediente de Ramón Clemente vuelve a poner en evidencia una problemática que atraviesa a San Lorenzo: obligaciones generadas durante administraciones anteriores que no fueron resueltas oportunamente y que, luego de sucesivos incumplimientos, terminan transformándose en ejecuciones judiciales de elevado impacto económico para la institución.
