La Inspección General de Justicia rechazó la denuncia de una socia y avaló la conformación del Tribunal de Etica y Disciplina de San Lorenzo, decisión que se había tomado en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 30 de septiembre de 2024.
Por resolución particular 0000448 del Inspector General de Justicia Dr. Daniel Roque Vítolo, la IGJ rechazó la denuncia formulada por una socia en relación a las decisiones tomadas por la Asamblea General Extraordinaria de San Lorenzo celebrada el 30 de septiembre de 2024. De esa manera, confirmó a los siete miembros titulares del Tribunal de Ética y Disciplina del CASLA.
En el mismo fallo, se hizo lugar al reclamo en base a los dos miembros suplentes designados y se dejó constancia en los considerandos que en dicha oportunidad los cargos anteriores habían cesado, quedando las vacantes correspondientes sin cubrir en su totalidad.
De esta forma, los miembros titulares del Tribunal de Etica y Disciplina, Leandro Chizzini, Luciano Fiszbein, Rubén Arena, Carina Henríques, Diego Civile, Matías Picasso y María Galtieri, tendrán mandato hasta el 30 de septiembre de 2030, siendo válidas todas aquellas decisiones que se hayan tomado a la fecha.
San Lorenzo mejoró la oferta presentada a fines de agosto y propuso abonarle un monto importante en efectivo, un porcentaje de las futuras ventas de jugadores y la cesión de derechos de TV. El ex futbolista rechazó esta segunda propuesta. La sentencia de la Cámara de Apelaciones obliga al club a pagar una suma total de USD 4.369.889,11. En su reclamo, el ex jugador también solicitó el embargo de la Sede de Avenida La Plata.
Los cuervos y cuervas adquirieron 3.959 bonos para el partido contra Boca.
El presidente Marcelo Culotta realizó un análisis del trabajo realizado en estos primeros 100 días de gestión y de la situación económica financiera. Fue en el cierre de una reunión de Comisión Directiva en la que se trataron temas importantes. Toda la info acá…
El club enfrenta un reclamo del ex jugador de básquet, que llegó a San Lorenzo en enero de 2019 durante la presidencia de Matías Lammens y la vicepresidencia de Marcelo Tinelli. La demanda la había iniciado en 2021. A partir de la evolución del proceso judicial y de los sucesivos incumplimientos ocurridos durante distintas gestiones, el monto exigido se triplicó con respecto al piso de ejecución firme.
BOEDO. ARGENTINA.
